interpelación sobre Viviendas de Protección Oficial cedidas en régimen de alquiler

(Ver Moción)

Ricardo Burutaran Ferré, concejal del Grupo Municipal de Eusko Alkartasuna, al amparo del vigente artículo 134 del Reglamento Orgánico del Pleno, tiene el honor de presentar, para su tratamiento en la Comisión Permanente General de Desarrollo y Planificación del Territorio, la siguiente INTERPELACIÓN al Sr. Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda, miembro de la Junta de Gobierno Local, D. Jorge Letamendia Belzunce, sobre Viviendas de Protección Oficial cedidas en régimen de alquiler.

JUSTIFICACIÓN

El problema del acceso a la vivienda, por la carestía de la misma, ha sido, y continua siendo hoy, una de las cuestiones que más ha preocupado y preocupa a la ciudadanía donostiarra.

Para mitigar los efectos de la misma las distintas Administraciones Públicas, entre ellas el Ayuntamiento, han puesto en marcha distintos mecanismos de promoción de viviendas de protección públicas; destinando a esta política importante cantidades del erario público; y por consiguiente del dinero que pagamos todas y todos  las y los donostiarras.

Sin embargo, este esfuerzo resultaría insuficiente si las Administraciones Públicas se limitasen a conceder viviendas en régimen de derecho de superficie que quedasen al margen de cualquier actividad de control y supervisión posterior sobre la mejor o peor ventura de sus beneficiarios y sus beneficiarias en su nivel de ingresos, en su estado patrimonial, en su necesidad de vivienda, …

Por eso, es importante generalizar la construcción y promoción de Viviendas de Protección Oficial en Régimen de alquiler, de forma que se conserven íntegramente las facultades legales para comprobar periódicamente, si la situación personal de quiénes resultaron beneficiarios o beneficiarias, ha experimento variaciones, y poder actuar consecuentemente, en función del resultado de las citadas variaciones.

Para acceder a cualquier vivienda de protección oficial es necesario, como no podía ser de otra manera, cumplir una determinada serie de requisitos; entre ellos, el de tener necesidad de vivienda y el de cumplir con los ingresos máximos y mínimos que se determinen normativamente.

Las nuevas promociones de viviendas de protección oficial cedidas en régimen de alquiler, promovidas a instancia de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda- Donostiako Etxegintza, contienen la siguiente cláusula: “El plazo de duración del contrato de arrendamiento será de cinco años, período que podrá ser prorrogado pero únicamente en el caso de que se acredite que, al cabo de esos cinco años, las circunstancias personales, económicas y de necesidad de vivienda de las personas arrendatarias, es decir, las que dieron lugar a que se les adjudicaran las viviendas, persisten en aquella fecha”.

La dicción de la citada cláusula es perfectamente coincidente con las obligaciones que establece actualmente el Decreto 39/2008, de 4 de Marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo; anteriormente prescritas en el decreto 315/2002, de 30 de diciembre; así como en otras normas anteriores.

El Ayuntamiento dispone de un grupo de viviendas destinadas a alquiler, el período inicial de vigencia de muchos de los contratos de las mismas, ha expirado.

Algunas de ellas incluso aunque han perdido la calificación de Viviendas de Protección Oficial; el Ayuntamiento continua arrendándolas al precio de las mismas.

Sin embargo, desconocemos cuál es el procedimiento que se está siguiendo a la hora de conceder nuevas prorrogas en la duración de los contratos de arrendamiento.

Por todo ello, y al objeto de conocer qué actuaciones de comprobación se siguen, de forma previa a decidir, sobre la procedencia a prorrogar o no los contratos de arrendamiento de las viviendas de protección públicas cedidas en régimen de alquiler; así como de aquellas otras, propiedad del Ayuntamiento, que aunque no conserven su calificación como tal, sigan siendo arrendadas al precio de las mismas; y de forma más específica si se acredita, de alguna manera, que subsisten las circunstancias personales, económicas y de necesidad de vivienda que motivaron la concesión de la misma, así como  el alcance y el resultado de las mismas; el concejal que suscribe presenta la siguiente INTERPELACIÓN:

1.- ¿ Por qué razón se están prorrogando tácitamente los contratos de arrendamiento de estas viviendas, incluyendo dentro de las mismas no sólo las que siguen conservando su calificación como Vivienda de Protección Oficial sino también a aquellas, que pese a haber perdido su calificación, continúan siendo arrendadas por el Ayuntamiento a los precios de las mismas?.

2.- ¿Qué gestiones se siguen, de forma previa a la prorroga de los contratos de arrendamiento, para comprobar que subsisten, en los beneficiarios de las mismas, la “necesidad de vivienda” y que carecen de otra vivienda?; ¿Cuál ha sido el resultado de las mismas?.

3.- ¿Qué gestiones se siguen, previa a la concesión de las citadas prorrogas, de que los beneficiarios cumplen el requisito de empadronamiento en las mismas?; ¿Con qué resultado?.

4.- ¿Se comprueba, de forma previa a la concesión de nuevas prorrogas de los citados contratos de arrendamiento, el cumplimiento de los requisitos económicos?; ¿Cuál ha sido el resultado de dichas comprobaciones?.



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