Las viviendas de protección oficial situadas en Benta Berri están, a día de hoy, en una situación de incertidumbre jurídica que está teniendo consecuencias en la situación sociofamiliar de las más de 500 familias que viven en ellas.
La promoción de Benta Berri consta de tres bloques de viviendas construidas por el Gobierno Vasco hace más de dos décadas, quien cedió el derecho de superficie a la empresa “UTE Benta Berri” para su construcción y el control de los contratos de alquiler. En 2018, la gestión ha pasado a formar parte del negocio de la especulación del alquiler por parte de fondos buitres. A día de hoy, Blackstone-Testa Socimi gestiona dichos alquileres y esta privatización está suponiendo la pérdida de las condiciones propias de las viviendas de “protección oficial”: se han abierto expedientes judiciales de desahucio y se desconoce la duración y las condiciones de los contratos de alquiler que se suscriben de manera individualizada.
La situación de inseguridad y preocupación ha aumentado por el hecho de que en el año 2028 finalizará la consideración de “protección oficial” de las citadas viviendas y se desconoce cuál será la situación jurídica de las familias y la gestión que se hará de esos contratos de alquiler. No se descarta que los precios de los alquileres aumenten de tal manera que su pago sea inasumible para muchas familias.
Por todo ello, urge analizar la situación de estas viviendas y dar una respuesta a los y las vecinas que son parte, viven y desarrollan su vida personal y familiar en este barrio donostiarra.
